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La política pública gubernamental
en el estado de Colima.
Una era de modernidad, 1949-1967.


Publicada en CLIO, Universidad Autonoma de Sinaloa. Culiacan, 2000.


  Pablo Serrano Alvarez

 

 Fuera de los actores políticos, sus enfrentamientos, conflictos y los procesos electorales, cada gobierno colimense tuvo la capacidad de llevar adelante una política pública que se concretizaba en obras de infraestructura y estímulo a la economía regional, junto con una política social que llevaba como la finalidad más importante el cubrimiento de las demandas y necesidades de la población que, en otro sentido, creció a ritmo acelerado en el pequeño territorio de Colima, sobre todo, considerando al periodo de 1949 a 1967, cuando el desarrollo económico se realizó gracias a la intervención gubernamental y al ensanchamiento o diversificación de la sociedad. La política pública puede definirse como un conjunto de acciones de gobierno que tienen impacto en la economía y en la sociedad, y que por lo regular transforman al territorio donde éstos se desenvuelven, conduciendo así el desarrollo de las fuerzas económicas y sociales que ocupan ese territorio.

En el periodo que nos ocupa, las políticas del desarrollo estabilizador y del desarrollo sostenido, en el nivel nacional, llevaron a que Colima se apegara a ellas mediante los programas de gobierno y las inversiones que éste realizaba en los rubros fundamentales que estimularan el crecimiento y fortalecimiento económicos y sociales. Las acciones gubernamentales fueron conduciendo, poco a poco, a la región hacia un desarrollo capitalista basado en seis ejes principales: el agroindustrial, el comercial, el turístico, el industrial, el de servicios y el de la política social, siempre enmarcándose en las líneas programáticas que a nivel federal y nacional fijaban los periodos presidenciales.

 

 

 

La obra pública del gobierno de González Lugo, 1949-1955.

 

 

La agricultura, la ganadería, la industria, las comunicaciones, la educación, la salubridad y el desarrollo urbano fueron los centros de atención de la acción gubernamental del Gobierno de González Lugo, como ejes fundamentales donde la acción del gobierno podría intervenir para lograr el desarrollo de la economía colimense, estancada por años por la falta de una infraestructura adecuada que estimulara al mercado interno, las relaciones comerciales con otras regiones del país y la carencia de un comercio exterior que incrementara la productividad y la reinversión, sobre todo, del campo colimeño. Esa política pública se enmarcaba en la estrategia de inversiones en zonas agrícolas, que el alemanismo desarrollaba desde 1946, y que tenía como finalidad incrementar la productividad y plusvalía de las zonas agrícolas para estimular, al mismo tiempo, la industrialización del país.

Para ello, las obras de infraestructura, desarrollo urbano y política social (que incluía la educación, la vivienda, la salubridad y la reforma agraria) eran una prioridad nacional, que los gobiernos estatales tenían que asumir como programas de gobierno. Sólo en el periodo 1948-1950, la inversión federal en el sector agrícola, en el nivel nacional, pasó de 12 a 20%, lo que reflejaba el interés económico que animaba al gobierno, y cuyos efectos en algunas regiones, como Colima, se hizo patente desde 1950.

La situación económica y de intervencionismo estatal en que se encontraba Colima a finales de la década de los cuarenta era lamentable, pues su economía seguía siendo eminentemente agraria y provincial, sin un mercado interno estrechamente ligado a otras regiones y con un comercio y productividad de subsistencia interna, más que aquél ligado al crecimiento. Por ende, el nuevo gobierno buscaría la forma de intervenir en esas condiciones para estimular, mediante un plan de inversiones en infraestructura agraria, comercial, industrial, turística y social, fortalecer al mercado interno, introducir a los sectores de poder económico en la producción capitalista y crear un gobierno interventor en el desarrollo económico de carácter agroindustrial y comercial.

El primer paso de González Lugo, como gobernador, fue solicitar ayuda de la federación:

 

Usted conoce perfectamente el estado de atrazo [sic] en que vine a encontrar el Estado; sin embargo, puede estar seguro de que no lo molestaré mucho.

Necesito nada más una pequeña ayuda inicial que será la base del engrandecimiento de esta Entidad. Por eso le ruego muy atentamente me conceda su aval para que la Institución Financiera que Ud. [sic] determine, otorgue el crédito de cinco millones de pesos que serán dedicados íntegramente a la agricultura, fuente segura de riqueza y progreso para el Estado, cuya inversión deberé hacer de inmediato por habérseme echado el tiempo agrícola encima.

Igualmente le suplico se sirva concederme el subsidio que le he solicitado para llevar a cabo las obras de introducción del agua potable a esta capital, pues la que actualmente se toma proviene directamente del río, ocasionando muy serios transtornos a la salud pública. Usted sabe bien, señor Presidente, que en la Administración pasada obtuvo el Ayuntamiento de Colima un crédito del Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, para llevar a cabo las obras mencionadas -aún no terminadas-, adeudando el citado Ayuntamiento a la referida Institución de crédito, más o menos la cantidad de $ 666, 869.50 [...], monto del subsidio que le suplico me conceda para saldar ese adeudo y dejar libre sus ingresos, ya que actualmente estos los maneja en fideicomiso el Banco acreedor.

Asímismo le ruego me conceda el subsidio que le solicité por un millón de pesos para la construcción del camino Manzanillo-Minatitlán, que comunicará una rica zona agrícola-minera que tiene cerca de dos mil kilómetros cuadrados, o sea más de la tercera parte del territorio del Estado y que en la actualidad se encuentra completamente abandonada, tanto administrativa como social y económicamente, al grado de que se le llama la "Siberia colimense".

Puede estar seguro de que estoy trabajando con empeño y poniendo todo mi esfuerzo para lograr el resurgimiento de mi Estado y no dudo que con su ayuda conseguiré mi propósito.

El financiamiento fue otorgado mediante el Banco Nacional de México, por la cantidad de cinco millones de pesos. El beneficiado directo del financiamiento de la federación fue el Valle de Tecomán, al cual se destinaron un millón de pesos para estimular la siembra de plátano, limón, palma coprera y arroz, otro porcentaje para mejoras en vías de comunicación (carreteras, caminos, ferrocarril), obras de pequeña y mediana irrigación para los predios productores (cuyas aguas traídas del Río Armería y del Río Coahuayana, surtirían a los pozos y canales de los mismos predios), y otro poco -un millón, ochocientos cincuenta y tres pesos- para los pequeños y medianos agricultores, organizados dentro de la Sociedad Local de Crédito Agrícola de Pequeños y Medianos Agricultores, que ya contaban también con créditos del Banco Nacional de Crédito Agrícola y Ganadero.

La inversión federal y estatal se justificaba:

 

Dado el amplio rendimiento económico de los cultivos proyectados, la inversión está ampliamente garantizada.

A la economía del Estado de Colima le reporta la creación de una importante riqueza permanente.

A la economía nacional le significa la realización de este proyecto, una valiosa cooperación al equilibrio de la balanza comercial, por la afluencia de dólares, producto de la venta de plátano, y a cubrir parte del déficit de oleaginosas por la producción de las plantaciones de palma coprera.

Para el mes de julio de 1950, las inversiones federales y estatales se concentraron en caminos, exploraciones forestales, energía eléctrica, producción de sal, abastecimiento de gasolina, obras de irrigación, carreteras y mejoras urbanas, con un gasto de $ 2, 124, 360.00, descontando el préstamo de los cinco millones que, casi en su totalidad, fue gastado en el fortalecimiento económico del Valle de Tecomán. Para el siguiente mes, la fiebre de construcción de infraestructura aumentó en el ánimo del gobierno estatal, por lo que se solicitaron otros financiamientos para la obra pública, al presidente Alemán:

 

1.- Que el pueblo de Colima le agradece [al presidente] por mi conducto y yo en lo personal, los créditos de tres millones y de un millón docientos [sic] mil pesos, que otorgó al Ingenio de Quesería y a los Agricultores del Valle de Tecomán respectivamente, con los que se ha intensificado la vida agrícola del Estado.

2.- Como la Banca Privada no satisfizo todas nuestras necesidades para la agricultura, y puesto que Colima, lucha por salir de su pauperismo, el Gobierno a mi cargo, con sus propios recursos ha impulsado la agricultura, otorgando créditos a los agricultores, le suplico respetuosamente, ordene al Banco Nacional de Crédito Agrícola que me descuente, con el aval del Gobierno de Colima, la cantidad de $ 200 000.00 [...] para recuperar en parte lo que mi Gobierno al respecto ha invertido.

3.- La región de Minatitlán (rica en fierro, pues tiene de ochenta a cien millones de toneladas de fierro; en maderas preciosas, agricultura y ganadería) secularmente aislada e incomunicada, ha quedado comunicada, por medio de un camino vecinal, hecho solo con recursos del Estado, y, que alcanza una extensión de 67 kilómetros.

4.- El Sr. Presidente, me ofreció, que el Banco Hipotecario Urbano y de Obras Públicas me daría crédito, por lo que le ruego con todo respeto, ordene a esa Institución me otorgue en este año un crédito de $ 500 000.00 [...] para cubrir mi aportación que por convenio tengo que hacer a la Secretaría de Comunicaciones. (Este dinero lo invertí en el canal Miguel Alemán y en el camino a Minatitlán) [sic]

5.- Como no han terminado de construir el Palacio Federal de Manzanillo, y de reconstruir el de Colima, la Federación está pagando cuantiosas rentas, por lo que respetuosamente le ruego ordene a la Secretaría de Bienes Nacionales que termine su construcción.

La política de salubridad pública se intensificó grandemente en el primer año del gobierno de González Lugo, mediante las actividades desplegadas por los Servicios Coordinados de Salubridad y Asistencia, con recursos destinados de la federación y del estado. En servicios asistenciales y de prevención policlínica, por ejemplo, "se atendieron 3,798 personas, se impartieron 5, 285 consultas y se aplicaron 23, 958 inyecciones, se efectuaron 3, 155 visitas domiciliarias, se ministraron 3, 596 especialidades farmacéuticas, siendo 671 inyectables y 2, 925 no inyectables".

Se realizaron servicios antivenéreos, antituberculosos, prenupciales, prenatales, infantiles, preescolares, de laboratorio, de trabajo social, labores sanitarias contra la viruela, la tifoidea, el tétanos, la difteria, la tosferina y la rabia, en una campaña sanitaria sin precedente en la entidad. El apoyo federal en la salubridad hizo posible el desarrollo de una campaña intensiva contra el paludismo en el estado, sobre todo en lugares insalubres donde la mortalidad por esa enfermedad era intensa y frecuente, como en Colima, Manzanillo, Coquimatlán, Tecomán y Villa de Alvarez.

Al mismo tiempo, se combatió el virus de la fiebre amarilla que volvió a aparecer con frecuencia en esas zonas, sobre todo en aquellas donde se realizaban cultivos de arroz. El logro de la higiene y la desinfección en lugares públicos también fueron materia de las campañas sanitarias con subsidios federales, combatiéndose el alcoholismo, la drogadicción, realizándose el aseo de lugares públicos -como balnearios, baños, parques y playas-, el control de carnes, el control de la prostitución mediante tarjetas de "buena salud", la vigilancia de los alimentos elaborados y los de abasto como la leche y las verduras y frutas que se vendían en los mercados y tiendas.

Los Servicios Coordinados, también, realizaron una campaña de apertura de farmacias en Manzanillo, Tecomán, Armería, Cuauthémoc y Comala que, junto a las mejoras al hospital civil de la ciudad de Colima, tendieron a generar un sistema estatal de salud que no existía en la entidad.

Pese a los problemas políticos que tenía la gubernatura en ese momento, la inversión pública federal y estatal no paró. Era decisiva la inversión en la agricultura, para orientar su producción y normar la economía eminentemente agraria del estado. El desarrollo comercial, junto con el agrícola, necesitaron de la inversión en infraestructura, caminos, carreteras, irrigación, agua potable y servicios para los centros de concentración urbana (principalmente en la ciudad de Colima, el Valle y ciudad de Tecomán y el puerto de Manzanillo).

La intervención en la economía, por parte del gobierno del estado y la federación, pronto dio frutos para el ingreso de Colima en el desarrollo del capitalismo, aunque pronto llegaron trastornos políticos que detuvieron el auge de los primeros años y sus efectos en el fortalecimiento del mercado interno y externo de la economía agraria colimense. Los efectos del crecimiento económico se dejaron sentir, incluso, en el incremento de la población estatal que, según datos del censo de población de 1950, se estimó en 112, 321 habitantes, concentrados principalmente en los tres polos de desarrollo económico-urbano, como ya lo eran Colima, Tecomán y Manzanillo.

En febrero de 1950 se dio conocer la Ley de Planeación de la Ciudad de Colima, bajo el decreto número 82 de la Legislatura Local, pues una de las prioridades del gobierno gonzálezluguista era el logro del desarrollo urbano de la ciudad capital del estado. La planeación de este desarrollo comprendía 9 puntos: 1.- La formulación y aplicación del plano regulador de la ciudad; 2.- La apertura de nuevas vías públicas y la creación de plazas, jardines, parques y campos deportivos; 3.- La rectificación, ampliación, prolongación y mejoramiento de las vías públicas existentes; 4.- La localización, construcción y acondicionamiento de edificios públicos para servicios del Estado y municipales, como escuelas, mercados, rastros, cementerios, estaciones y terminales de vías de comunicación; 5.- La ejecución de obras relativas a nuevos servicios del Estado y municipales y de mejoramiento de los servicios existentes, como saneamiento, abastecimiento de agua, drenaje, desagüe, alumbrado, etc.; 6.- La reglamentación de construcción y reforma de edificios públicos y privados. La reglamentación de construcciones a que se refería esta fracción, incluyendo el establecimiento de normas obligatorias sobre alturas, volúmenes, espacios libres, servicios, estilos, materiales y demás elementos o características; 7.- La formulación y aplicación de normas para fraccionamiento y urbanización de terrenos y determinación en ellos de espacios libres y superficies destinadas a servicios municipales; 8.- La división de la ciudad en distritos o zonas especiales para la localización de industrias, residencias, etc.; y 9.- Las demás obras, actividades, servicios y reglamentaciones, encaminadas a la integración y mejoramiento de la ciudad.

Para tal efecto se creaba una Comisión de Planeación Urbana que normaría las acciones y regularía a las instancias involucradas, las expropiaciones y las inversiones, pero también normaría las bases para los impuestos, dentro del marco de la política impositiva del gobernador González Lugo.

Bajo esta Ley, el gobernador pudo empezar su obra pública destinada a convertir a la "ciudad de las palmeras" en un bastión de la modernidad, sobre todo en lo que se refería a las grandes obras de drenaje, abastecimiento de agua y ampliación de calles y avenidas, que durante los próximos años convirtieron a la capital en un espacio con fisonomía desarrollada y "digna". Los financiamientos para esto llegaron desde 1950 y, con la Ley de Planeación, se aplicaron desde finales de 1951 sin mayor problema en todos los aspectos mencionados.

Para 1950 había una población de 28, 804 habitantes en la capital estatal, lo que hizo imperativa la política urbana pública, sobre todo en drenaje, agua, vivienda, salubridad y mejoramiento urbano. Jorge Huarte Osorio, representante fiscal de Colima en la ciudad de México, solicitó los créditos para las obras, que ascendieron a la cantidad de 1, 650, 000.00 pesos, autorizados por el gobierno federal en julio de 1950, pero que, sin la Ley de Planeación no se ejercieron sino hasta finales del siguiente año, con una aportación adicional del gobierno estatal de un millón de pesos extra. Igual estrategia se siguió para la política de desarrollo urbano de Tecomán, con financiamientos federales logrados desde septiembre de 1950, y que retrasaron, en cuanto a su aplicación, hasta finales del siguiente año.

Para 1951, pese a los trastornos ocasionados por la situación política, la obra pública realizada costó un total de $ 116, 950, 000.00, con participaciones federales y estatales y concentrando los años de 1949 a 1951. Las obras principales fueron, en comunicaciones -carretera México-Jiquilpan-Manzanillo, carretera Tecomán-Cerro de Ortega, camino Tecomán-Boca de Pascuales y puentes del camino Manzanillo-Cihuatlán, más ciertos avances en el camino Manzanillo-Minatitlán-, en recursos hidráulicos -iniciación del canal de "Amela" con 10 mil hectáreas, cuarenta pozos profundos para 2 mil hectáreas y ejecución del canal "Marabasco" para 3 mil hectáreas-, en marina -el muelle fiscal de Manzanillo y la realización del proyecto del Puerto Interior-, en bienes nacionales -reconstrucción del palacio federal, la construcción de una escuela y contrucción del palacio municipal, los tres en Manzanillo-, y en créditos concedidos para el desarrollo agrícola, urbano y de infraestructura -ingenio Quesería, agricultores de Tecomán, drenaje de la ciudad de Colima, caminos vecinales-.

Las obras con fondos estatales se orientaron al desarrollo urbano de Colima -empedrado de calles, monumentos, abasto y viviendas-, la construcción de escuelas -en Colima, Tecomán y Manzanillo- y en la salubridad urbana y rural -hospitales, campañas contra plagas y vacunaciones-, con un gasto por arriba del millón de pesos de aquella época.

La Dirección de Obras Públicas fue la encargada de las obras realizadas con la participación estatal. En sólo dos años la construcción de escuelas en la ciudad de Colima y otras poblaciones fue una prioridad, como las escuelas "Torres Quintero", "Basilio Vadillo", "Ignacio Manuel Altamirano", "Urbana B República Argentina", "Hidalgo", "Benito Juárez", "Rural Federal Justo Sierra", "Rural de Buenavista", "Rural del Poblado de Cerro de Ortega", "Universidad Popular del Estado" y "Quesería".

En materia urbana se construyeron, en la ciudad de Colima, la avenida "Rey Coliman", el "Anillo de Circunvalación", la prolongación de la "Calle Aquiles Serdán", la apertura de la "Calle Centenario", el ensanchamiento de la calle principal "Francisco I. Madero" -que, por cierto, topó con la oposición de comerciantes establecidos, dueños de fincas e intereses inmobiliarios-, mejoras a las calles "Gabino Barreda", "Filomeno Medina", "Mariano Arista" y "Maclovio Herrera".

Otras obras fueron las de las mejoras al Palacio de Gobierno, la Cárcel General del Estado, el Bordo para Riego del ejido de Tepames, el empedrado de calles, el Hospital Civil, agua potable en Pueblo Juárez, construcción de la Colonia Magisterial, cooperación en la construcción de la colonia de los empleados de gobierno, y en caminos como el tramo Colima-Manzanillo, ramal Tecomán-Boca de Pascuales, ramal Armería-Cuyutlán, Tecomán-Cerro de Ortega, Manzanillo-Cihuatlán, ampliación de terracerías, revestimientos de pavimento, caminos vecinales en Tepames y Tecomán. Todo con una erogación extra de $ 467, 215.95, hasta agosto de 1951.

La irrigación en los ejidos productivos de Cuauhtémoc, Colima, Minatitlán y Manzanillo fue una prioridad durante 1951, estimulando la producción agrícola a pequeña y mediana escala en los ejidos "Minatitlán" -presa El Rebaje-, "Cuauhtémoc" -presa El Carreón-, Copales, Tinajas y Estapilla -arroyo El Zarco-, "Tepames" -presa El Bordo-, y "Buenavista" -arroyos Gamiochipi y Caimán-.

El presupuesto de egresos del gobierno del estado para 1952, aprobado por la Legislatura local en diciembre de 1951, incrementaba considerablemente las cifras y gastos en obras públicas concentradas en Manzanillo, Tecomán y Colima, y en los rubros de caminos, irrigación, electrificación, financiamiento a agricultores, red telefónica, obras urbanas, viviendas, muelle fiscal y puerto interior en Manzanillo, por un monto de

$ 5, 989.178.00, sin contar los gastos normales del gobierno en materia de sueldos, enseres y otros.

La política impositiva adoptada por el gobernador desde 1950, aunque arrojó protestas y conflictos, se estatuyó en Ley después de las tormentas políticas de 1951, por lo que para el siguiente año la captación fiscal se incrementó considerablemente para la realización de obras públicas. Como informó el gobernador en septiembre de 1952:

 

Durante los últimos doce meses, la política financiera del Gobierno tuvo como finalidad primordial la consolidación de la Hacienda Pública y la estructuración de los cimientos para fincar una economía equilibrada y sólida que permita al Gobierno cumplir, en todas sus partes, con el programa de construcciones y Obras de Beneficio Social [sic] trazado con anterioridad; a la vez que la formación de un Patrimonio Público, que satisfaga las futuras aspiraciones de progreso y bienestar del pueblo.

El gobierno estatal estaba endeudado con la federación, por lo que la política tributaria se modernizó para cubrir déficits y realizar los gastos programados en la obra pública, por lo que González Lugo manifestó que: "[...] una de las preocupaciones de mi Gobierno ha sido, fundar su Política Hacendaria en el conocimiento exacto de la realidad económica de Colima, y en una mutua comprensión entre los causantes y el Fisco; empleando para ello todos los recursos morales y materiales, que proporcionan, la organización, el estudio, la buena voluntad y la colaboración capacitada de los servidores del Estado".

Para 1953, esta política permitió al gobierno del estado aumentar el volumen de la obra pública en construcción, mobiliario y habilitación de escuelas, la realización de las obras de drenaje y empedrado de calles de la ciudad de Colima, el establecimiento de la red telefónica en Pueblo Juárez, Lo de Villa, Piscila, Comala, Suchitlán, Cofradía, San Antonio, Cuauhtémoc, Quesería, Villa de Alvarez y Manzanillo, y la terminación de los caminos Tecomán-Apiza, Manzanillo-Cihuatlán, Colima-Ixtlahuacán-Caleras-Tecomán y Camotlán-Otates-Huiscolote, así como los canales de irrigación de Coahuayana-Amela para el abastecimiento de la producción agrícola del Valle de Tecomán.

La atención a los municipios, mediante subsidios y erogaciones en obras públicas se concentró en Colima (12.1%), Tecomán (49.8%), Manzanillo (5.9%), Ixtlahuacán (7.5%), Villa de Alvarez (6.6%), Comala (6.3%), Cuauhtémoc (6.3%) y Minatitlán (5.5%) -Coquimatlán quedó, evidentemente, marginado-, privilegiando al Valle de Tecomán e Ixtlahuacán, la ciudad de Colima y municipios rurales como Villa de Alvarez, Comala y Cuauhtémoc, de un total de 287, 991.98 pesos repartidos con fondos estatales.

La reafirmación de la política hacendaria para el desarrollo económico era la justificación de la repartición: "Queda claro que la política hacendaria seguida por mi Gobierno ha procurado al robustecimiento de la Economía [sic] privada, el desarrollo de la Agricultura, el Comercio y la Industria; y ha facilitado la inversión en el Estado de nuevos capitales, por medio del otorgamiento de franquicias fiscales a largo plazo."

Para 1954, el monto global de la inversión en caminos, obras públicas urbanas e irrigación, sólo con la participación estatal, ascendió a $ 1, 043, 434.00, lo que era una cifra de lo más importante, sólo rebasada por la cantidad invertida en el rubro educativo que fue de $ 1, 487, 150.44, que incluía la construcción de escuelas y los gastos en salarios y funcionamiento.

Esos egresos tuvieron que ser subsidiados por la federación, pues la recaudación estatal no permitía cubrir los gastos, sobre todo, de la obra pública en irrigación y caminos. Igual sucedió con las obras de drenaje de la ciudad de Colima, donde el gobernador tuvo que solicitar otro apoyo adicional de un poco más de trescientos mil pesos al presidente.

El Hospital Civil, las campañas de salubridad, el agua potable, el Instituto Tecnológico, la construcción de escuelas primarias, el drenaje, las calles de las ciudades y pueblos y, sobre todo, los caminos carreteros y vecinales, más la irrigación, fueron las principales obras públicas que el gobierno de González Lugo realizó entre 1953 y 1954, siempre contando con la colaboración de la federación.

La Oficina de Gobernadores calculó los egresos del estado, sólo en ese año, en 6, 687, 599.44 de pesos, o sea, un incremento del 83.8% con respecto al año de 1950, cifra significativa que reflejaba el incremento de la acción gubernamental en la obra pública para el desarrollo económico estatal.

Al final del sexenio, González Lugo informó al presidente Ruiz Cortines sobre el avance económico registrado en Colima, de acuerdo con el plan de obras públicas:

 

CUADRO I

Comparaciones entre 1949 y 1955

Balance del sexenio

 

CONCEPTOS 1949 1955

 

Presupuesto del Estado $2,436,031.00 7,500,000.00

Valor Catastral de la propiedad $12,199,800.00 160,000,000.00

Valor de la producción agrícola $25,000,000.00 119,922,000.00

Valor de una Hectárea $50.00 A $300.00 $1,000 A $3,500

Area Cultivada en (hectáreas) 25,000 71,057

Líneas Telefónicas (Km) 0,000 315

Caminos pavimentados (Km) 12 214

Cooperativas de Autotransportes 8 23

Vehículos de motor 765 2,156

Semovientes bovinos de alto nivel 10 150

Vacas inseminadas, cabezas 00 4,775

Producción de azúcar (Kg) 3,000,000 8,500,000

Area Irrigada (hectáreas) 8,156 31,238

Pozos Profundos (unidades) 18 170

Tractores (unidades) 40 1,200

Arboles Frutales (unidades) 500,000 3.000,000

Drenajes Ciudad de Colima (Km) 0,000 34 Km. 867 Mts.

Presupuesto Educación $ 574,020.00 $ 1,632,074.00

Presupuesto Obras Públicas $ 725,000.00 $ 1,750,000.00.

 

El balance de la obra pública del sexenio de González Lugo evidenció el cumplimiento de los compromisos, en el discurso, pero sus efectos en la economía fueron, quizás, el punto del despegue de Colima al desarrollo capitalista, inserto al llamado "desarrollo estabilizador" que con el alemanismo y el ruizcortinismo se implementó en el conjunto nacional, basado en la agroindustria, el comercio agrícola, la infraestructura caminera y de irrigación y el desarrollo urbano.

El gobernador se despidió con estas palabras, muy significativas:

 

Al tomar posesión del Gobierno, invocando mi responsabilidad de hombre y mi honor de soldado, dije categóricamente: "Cito al pueblo de Colima para que dentro de seis años hagamos el balance de nuestros esfuerzos y de nuestros deberes ciudadanos, porque deseo que al final de la jornada nos demos un abrazo de satisfacción, si es que hemos cumplido con nuestro deber". Hoy, señores diputados, por conducto de Vuestra Soberanía, vengo a cumplir la palabra empeñada a mi pueblo, en el que siempre finqué mis más caras esperanzas, porque sigo creyendo que la sóla mención de colimense es voz de afecto y de respeto y porque al finalizar nuestras labores he podido constatar sus acrisoladas virtudes y acendrado patriotismo.

Prometimos en aquella ocasión impulsar el fértil Valle de Tecomán y su desenvolvimiento es un hecho consumado, que no sólo prestigia a Colima dentro del concierto nacional, sino también en el extranjero, a donde van sus productos como un mensaje de trabajo y prosperidad.

También ofrecimos trabajar para que la carretera Jiquilpan-Manzanillo se llevara hasta su terminación, y hoy podemos advertir cómo el turismo se desplaza por esa ruta vital, desde todos los ámbitos de la Nación y de otros países, hacia nuestras playas, dando nacimiento a una de las industrias que pronto se constituirá en uno de los pilares fundamentales de nuestra economía. Con esta vía de comunicación, Colima ha quedado para siempre incorporado a la economía nacional.

Una labor pendiente fue la electrificación de las ciudades, principalmente la de la capital del estado. Todavía en agosto de 1955 el gobernador González Lugo, a sugerencia de la Comisión Investigadora de Deficiencias del Servicio Eléctrico del municipio de Colima -que conformaban Enrique Vadillo, Roberto Cárdenas Merín, Fidel Aguilar Gaitán, Jorge Urzúa, Moisés Jordán, Rodolfo Miguel Barajas, Alfredo C. Calderín, Antonio Gómez Guevara, Manuel Sánchez Silva, Gregorio Macedo López y José Lupién Guzmán- solicitó al presidente Ruiz Cortines de su apoyo para el inicio de la electrificación, ya que:

 

Siendo enteramente insuficiente la cantidad anteriormente citada [de 1200 Kwh], para satisfacer las necesidades más urgentes de la población, deteniendo a la vez la industrialización y con ello las nuevas fuentes de trabajo, ya que el 40% de las casas habitación carecen de este servicio, por que después de haber estudiado el problema y el cual con CINCO MIL Kwh [sic] quedaría en condiciones de solucionar las necesidades más apremiantes dentro de un periodo no mayor de diez años, tiempo probable en que esta Comisión considera quedará terminada la presa de "Las Canoas", la que resolverá el problema eléctrico de Colima.

Las bases de la industrialización estaban aseguradas, antes de que el gobernador González Lugo dejara el poder, gracias al apoyo generalizado a las obras públicas que estimularían el desarrollo regional:

 

Asimismo, otorgamos franquicias fiscales por más de TREINTA [sic] años a la Siderúrgica y a la Planta Empacadora de Atún que ya se establecen en el puerto de Manzanillo, las cuales harán una inversión de SETECIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS [sic] y darán ocupación a VEINTE MIL [sic] jefes de familia. Con el funcionamiento de estas empresas y la construcción de la Presa de Las Canoas, Colima se colocará a la altura de los primeros Estados de la República por su fortaleza económica.

Las promesas de la campaña de Ruiz Cortines en diciembre de 1951 se cumplieron antes de que González Lugo dejara el poder, sobre todo en los rubros donde la federación intervino directamente, como en la construcción de caminos vecinales, rurales y pavimentados, las obras de mejoramiento de Manzanillo en almacenes, turismo, el muelle fiscal y el puerto interior de San Pedrito, así como las grandes obras de irrigación para la agricultura del Valle de Tecomán, concretadas en la construcción de la presa Las Canoas, que sería abastecida por los ríos Armería y Coahuayana.

Las ciudades y municipios privilegiados de las obras públicas fueron, en primer lugar, Tecomán, en segundo, Colima y, en tercero, Manzanillo. El caso de Tecomán fue impresionante, sobre todo en el impacto a la producción agrícola, como mencionaba el presidente municipal en su informe de agosto de 1955:

 

La agricultura en este Municipio cada día cobra mayor importancia, debido indudablemente al marcado interés que la Administración que usted preside ha puesto para incrementarla mediante la construcción de canales para riego, presas de almacenamiento, pozos profundos, ayuda a los ejidatarios y agricultores para que se les concedan mayores facilidades a travez [sic] de los Bancos de Crédito Ejidal y Agrícola, en sus refacciones anuales et.- El Canal de Amela, cuya obra representa un gran esfuezo por su magnitud, pronto se habrá de poner en servicio para beneficiar miles de Hectáreas [sic] de terrenos laborables que han permanecido inactivas e infertiles [sic] por la falta del preciado líquido.

Es indudable que pronto Tecomán obtenga el primer lugar en el Estado como centro productor de cereales [sic], ya que sus huertas de palmas de coco y agua, limoneros, plátano, papayo, y otros frutales; así como el cultivo dominante del algodón, hacen plena fe [sic] de que forman el capítulo económico de mayor importancia para el Estado y una fuente de trabajo y riqueza para miles de familias campesinas.

Un aspecto muy importante también, lo representa la experimentación de nuevas técnicas para los cultivos con semillas híbridas, particularmente del maíz que han dado prueba plena de la eficacia en su rendimiento, todo lo cual viene a redundar en beneficio directo del agricultor y del pueblo consumidor.

Tecomán fue un "hecho consumado" de la obra pública emprendida por el gobernador González Lugo, sobre todo en lo referido a las acciones e inversiones que tendieron a robustecerlo como un polo de desarrollo agroindustrial y comercial, que vinculó a Colima en el nivel extraregional e internacional.

Colima se consolidó también como el centro político-administrativo y comercial del estado; mediante las obras de abastecimiento de agua y drenaje, viviendas y salubridad y servicios, como centro económico por excelencia. Manzanillo se vio fortalecido en infraestructura para el comercio exterior y el turismo, mediante la construcción del muelle fiscal, el puerto interior de San Pedrito, mejoras urbanas y estímulo a la inversión turística. Minatitlán se vio enlazado con Manzanillo y estimulado por los primeros pasos para la explotación de las minas de fierro de lo que se llamaría "Peña Colorada". Cuauhtémoc y el ingenio Quesería se vieron estimulados por la producción azucarera y sus enlaces con la carretera Jiquilpan-Manzanillo o Colima-Guadalajara para su comercialización. Cuyutlán se vio favorecido con las mejoras a su aspecto, así como el estímulo para la creación de nuevos hoteles y vías de acceso para el desarrollo turístico y también urbano. Los demás municipios, poblaciones y centros agrícolas se vieron estimulados en su economía y aspectos urbanos, lo que aceleró su ingreso al desarrollo capitalista, estancado por décadas.

La ansiada industrialización fue la razón principal de las obras públicas de infraestructura y, en junio de 1955, con el anuncio del establecimiento de la Siderúrgica en Tapeixtles, el gobierno estatal se dio por satisfecho, pues las obras públicas ocasionaban, así, un efecto multiplicador que combinaba la agricultura, la infraestructura, el comercio y la industrialización.

Colima había ingresado en el desarrollo capitalista de lleno, gracias al apoyo de la federación y de los presidentes Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines que, mediante las inversiones autorizadas y el apoyo político al gobernador del estado incidieron sobre manera en la modernidad colimense que inició en la década de los cincuenta. Colima era un estado modelo del desarrollo estabilizador y, ya para 1955, se convirtió en un territorio clave del "milagro mexicano" que inició a nivel nacional una década antes.

La tríada: estabilidad política, tranquilidad social y desarrollo económico, manifestada por la política del Estado mexicano se cumplía en el ejemplo de Colima, por lo que le llovieron los apoyos y financiamientos federales desde ese momento, teniendo como objetivo principal insertarlo en el desarrollo del capitalismo, de acuerdo con las características de su economía agroindustrial y comercial, bases de la industrialización, según el discurso de los políticos al mando del gobierno. La gubernatura de González Lugo fue el puntal del desarrollo regional colimense, tan ansiado en décadas anteriores.

 

 

Obra pública y economía regional en el gobierno de Chávez Carrillo, 1955-1961.

 

Si el gobierno gonzálezluguista creó las bases para la agroindustrialización, el siguiente gobierno se concentró en llevarlas adelante bajo tres ejes fundamentales: Primero, la ampliación y mejoramiento de las comunicaciones modernas, o sea, las carreteras, caminos vecinales, rurales y de brecha, para conectar a nivel interno la entidad y conectarla, a su vez, con el exterior de la región; segundo, la atención a los municipios, mediante obras que se concentraron en el desarrollo urbano, la electrificación, las viviendas, la atención a la salud, los servicios para las industrias y la población, la irrigación y los recursos hidráulicos; y tercero, la gestión para la inversión en la industria siderúrgica, minera, extractiva, turística, comercial y agroindustrial, como las esferas fundamentales de los órganos de planeación del desarrollo económico regional.

Los tres ejes funcionaron bajo un órgano rector del desarrollo estatal, que tuvo como finalidad la conexión con la federación y la administración de los recursos que esta instancia daba al gobierno del estado, canalizando las acciones a partir de la política diseñada para el desarrollo económico estatal basado en tres esferas de la acción administrativa.

La experiencia de Rodolfo Chávez Carrillo como Director de Obras Públicas, primero, y como presidente municipal de Colima, después, en el gobierno posterior, le permitió reordenar el esquema de la política pública gubernamental y crear órganos encargados de regular la acción pública en las ramas prioritarias del estado que, según su concepción, debían centrarse en los caminos y carreteras, el desarrollo municipal conectado a los órganos estatales y federales, el crecimiento de los servicios urbanos y la industrialización ligada a la agroindustria y la industria extractiva.

La creación de un organismo regulador de la economía estatal fue el primer paso para diseñar la política y obra pública del gobierno que encabezaba. El 22 de noviembre de 1955, se creó el órgano regulador de la economía, que no sólo controlaría los problemas de precios, la distribución comercial y los vaivenes de la economía, sino que también tendría ingerencia en las orientaciones del papel del gobierno en el desarrollo económico colimense.

El Comité Estatal de Precios y Distribución estuvo encabezado por el mismo gobernador, por Ernesto García Aceves como agente general de la secretaría de Economía, los representantes de los comercios de telas -Rubén Peralta Sánchez-, abarrotes -Francisco Márquez Guerrero-, expendedores de leche -Jesús Ahumada-, de los ganaderos -José P. de la Mora-, de los industriales -Ricardo R. Robles-, de la Unión Municipal de Introductores del Rastro y Tablajeros de Colima -Juan Salazar Fuentes-, por el sector obrero -Ramón Serrano García-, por el sector popular -Juan Oseguera Velázquez-, y por el sector campesino -Emiliano Ramírez Suárez-.

La primera intención era la regulación de los precios y el abasto, pero posteriormente este organismo amplió sus facultades, ante el clima de crisis económica que se sentía en Colima por la inflación y la carestía de la vida, proceso que, por lo demás, se dejó sentir en el nivel nacional.

Las prioridades de la obra pública gubernamental quedaron plasmadas en el primer informe de Chávez Carrillo ante el Congreso local, ya que en el curso de un año poco o nada se había hecho al respecto, bajando incluso el ritmo que se tenía en los últimos años del gobierno anterior, y, refiriéndose en concreto a Manzanillo:

 

En el pensamiento del Gobierno está atraer industrias y fomentar la inversión de capitales en el Estado para lo cual se dotó legislación adecuada.- Esto ha contribuído [sic], además de las condiciones que por su ubicación, clima, urbanización, medios de vida, etc., ofrece el Puerto de Manzanillo, que se decidiera la instalación de lo que se denomina "Conjunto Siderúrgico Manzanillo", que con un capital inicial de 350 millones de pesos, fortalecerá grandemente la economía nacional y especialmente a Colima, transformando una vasta riqueza que permanecía estática y estéril, en dinámica y útil.- A la fecha ya se iniciaron los trabajos de instalación que se estima durarán dos años.

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Marina, atendiendo a las reiteradas gestiones del Ejecutivo a mi cargo, encaminadas al robustecimiento de la economía de Manzanillo, acordó iniciar en breve la construcción del puerto interior.- Es un hecho que los muelles de mineral y carbón que utilizará la industria siderúrgica, se harán en el vaso de la Laguna de Cuyutlán.

En sólo dos años de gestión, las prioridades de la obra pública se conectaban en tres líneas principales, industrialización era igual a caminos carreteros, igual al desarrollo urbano para hacer frente a la demanda de la población en constante aumento. Al 31 de marzo de 1957, los egresos en salubridad, construcción de escuelas, caminos, obras públicas diversas, irrigación y atención a los municipios, ascendieron a la cantidad de $ 1, 783, 604.25, sin contar los subsidios canalizados por la federación en materia de industrialización y obras públicas diversas.

En casi dos años de gobierno se construyeron o se mejoraron las escuelas de Tecolapa, El Diezmo, Alcaraces, Armería, Hidalgo, Vadillo y Altamirano; en salubridad se ampliaron los servicios de asistencia y prevención; en caminos, mediante la Junta Local de Caminos, se gastó en mejoras y construcciones de los caminos Tecomán-Cerro de Ortega, Manzanillo-Cihuatlán, Colima-Coquimatlán, Colima-Comala, Colima-Tepames, y en gastos de administración de la misma Junta; en obras públicas en mejoras al palacio de Gobierno, la reparación de la Residencia Gubernamental (inaugurada en 1956), la construcción de la colonia Torres Quintero, el empedrado de la calle 20 de Noviembre, el mobiliario del Tecnológico, las Bodegas del Moralete, líneas telefónicas, monumento al General Alvarez, mejoras a la Universidad Popular, la creación del Centro de Fomento Ganadero y el empedrado de la calle Torres Quintero; en recursos hidráulicos, se llevaron a cabo obras de pequeña irrigación en Manzanillo, Armería, Tecomán y Tepames, así como también se construyó la presa de Alzada; en atención a los municipios hubieron subsidios diversos para el desarrollo urbano en pueblos y cabeceras.

El desarrollo de las comunicaciones fue una de las principales atenciones de la política pública. Caminos, telégrafos y telefonía fueron los rubros más atendidos durante el sexenio. El Comité Nacional de Comunicaciones Vecinales estableció un convenio con el gobernador en junio de 1956, para la colaboración federal que atendiera esos tres rubros.

De lo que se trataba era de crear un sistema estatal de comunicaciones enlazando a los nueve municipios del estado con caminos de brecha, rurales, vecinales, etc., con las carreteras pavimentadas, por un lado, pero al mismo tiempo para crear un sistema telefónico entre las principales poblaciones y mejorar el sistema de telégrafos. Creado el sistema, Colima quedaría unido con el centro de la nación y con las regiones que lo rodeaban. Desde febrero de ese año, también, la Compañía Hidroeléctrica Occidental estableció el convenio correspondiente para electrificar las ciudades de Colima, Tecomán, Manzanillo y algunas otras poblaciones de ese corredor, incrementando el número de kilowats que se había solicitado a mediados de 1955.

Para febrero de 1957 el sistema telegráfico se estableció con un nuevo sistema que enlazó a los municipios de Comala, Coquimatlán, Minatitlán, Villa de Alvarez y el poblado de Quesería, con la capital estatal y con Manzanillo. Para agosto de ese año, las instalaciones telefónicas de Jala-Madrid-Caleras-Tecomán, Quesería-Colima, Villa de Alvarez-Juluapan-Agua Dulce-Pueblo Nuevo-Mixcoate, Suchitlán-Comala-Colima, quedaron terminadas con aportaciones federales y estatales.

A mediados de ese mismo año, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas anunció en la prensa nacional, los trabajos en los caminos principales de Colima:

 

Las zonas agrícolas, ganaderas, turísticas y mineras más importantes del Estado de Colima, quedarán unidas a través de cuatro caminos que se están construyendo en aquella entidad federativa, de acuerdo con los informes que sobre el particular ha proporcionado el día de hoy [17 de septiembre de 1957] la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.

El presupuesto que se ha asignado a esas obras en el año actual, asciende a la cantidad de $ 4, 550, 000.00. De esa suma, $ 4, 150, 000.00 fueron aportados por el Gobierno de la República a través de la SCOP, y $ 400, 000.00 por el gobierno del Estado de Colima.

Las carreteras que se encuentran en proceso de construcción son las que van de Colima a Coquimatlán, de Tecomán a Cerro de Ortega, de Colima a Comala y de Manzanillo a Cihuatlán (Jalisco). En los segmentos ya terminados se llevan a cabo trabajos permanentes de conservación general y de reconstrucción, con el objeto de mantenerlos en las mejores condiciones para el tránsito de vehículos.

En los tres años posteriores, se ampliaron las obras de caminos, terminándose los tramos Colima-Tepames, Colima-Coquimatlán, Armería-Boca de Pascuales, Colima-Camotlán, Colima-San Antonio, Colima-Estapilla, Tecomán-Tecuanillo, Turla-El Galaje, Tecomán-Río Coahuayana, Colima-Tonila, Colima-Minatitlán, Puerta Caleras-Caleras-Madrid, Coquimatlán-Jala-Madrid, Colima-La Estancia-Buenavista, Coquimatlán-Río Armería, Turla-Ixtlahuacán, Alzada-Encinas, y el resto de los trabajos de los caminos ya mencionados con anterioridad.

Con estas obras camineras, el mercado interno de Colima se fortaleció con un sistema carretero que conectaba a las zonas rurales y de potencialidad agroindustrial e industrial con las principales poblaciones urbanas del estado, con Jalisco, con Michoacán y con la costa del pacífico, multiplicando las posibilidades de vinculación con el comercio exterior e interior, pero creando las bases para la transportación que tendría la industria que se establecería en la entidad.

Para Chávez Carrillo eran muy importantes las inversiones en infraestructura que realizaba su gobierno, por lo que se dedicaba un buen porcentaje del presupuesto para su desarrollo, ya que, como lo informó en 1957, "[...] las obras públicas, elementos que cristalizan anhelos humanos para propiciar el confort, la salud, el desarrollo económico, la cultura y expansión espiritual, absorbieron el 28.68% de los egresos realizados en el lapso de este informe."

Los egresos, vinculados al desarrollo económico y social, ascendieron al 70.6% del gasto público en 1957, incluyendo los subsidios y ayudas de la federación, por lo que la intensidad de la política pública fue la tónica del gobierno chávezcarrillista, pese al contexto de crisis económica nacional que se experimentaba por el endeudamiento externo, los procesos de inflación y la carestía de la vida que que el país experimentaba, por consecuencia del desarrollo estabilizador.

El estímulo de la agricultura, en tan sólo dos años de gobierno, fue el síntoma de la era de prosperidad con que contaba la entidad, gracias a créditos, impulso a la ganadería, obras de riego, viveros, caminos vecinales, planeación económica y recursos que el gobierno del estado canalizaba para incentivar los niveles de producción y crecimiento de los niveles comerciales.

Para 1958, la fiebre de la política pública y sus buenos efectos en la economía, fueron el síntoma del desenvolvimiento del capitalismo colimense:

 

Armonizando el desarrollo de las obras públicas, con el desenvolvimiento socio-económico [sic] de nuestro Estado, y para uso y disfrute de la colectividad, éstas han alcanzado proporciones cada vez mayores, siempre inspiradas en resolver los problemas actuales y del futuro, y no cejaremos en nuestro empeñoso afán de acrecentar día a día con ritmo acelerado: obras de pequeña y grande irrigación, caminos, hospitales, obras de saneamiento, energía eléctrica, agua potable, pavimentos, mercados, puentes, jardínes públicos, viviendas populares, líneas telefónicas, alumbrado y muchas escuelas más, hasta llenar las necesidades, en cuanto nos sea posible, en todos los rincones del territorio colimense.

En 1957 el proyecto siderúrgico de Manzanillo se archivó, por la creencia de los inversionistas de que no había seguridad en la cantidad de yacimientos ferríferos en Minatitlán. El Banco francés Crédit Lyonnais, Nacional Financiera y particulares nacionales, pese a sus inversiones previas en un ferrocarril que enlazaba a Manzanillo con Minatitlán, dieron marcha atrás, y muy a pesar de los esfuerzos que el gobierno estatal estaba realizando para crear la infraestructura indispensable para el establecimiento de la Siderúrgica. El proyecto dormiría el "sueño de los justos" por algunos años más.

En noviembre de 1956, el presidente de la república, Adolfo Ruiz Cortines inauguró el Centro de Fomento Agrícola Ganadero en la ciudad de Colima, cuya finalidad fue la de crear investigaciones y proyecciones para el mejoramiento y ampliación de la producción agrícola en el estado, así como brindar asesoría a los agricultores y ejidatarios sobre los cultivos prioritarios. Ya para entonces se contaba con una red de irrigación que haría mejorar y diversificar la producción agrícola de los principales centros de producción, como Tecomán, Colima, Coquimatlán y Comala, por lo que el centro vino a orientar la diversificación de cultivos en un mediano plazo.

Entre 1957 y 1958 se dieron los primeros pasos para la construcción de viviendas populares en el estado de Colima, como uno de los logros de la política social y pública del gobierno de Chávez Carrillo. Las ciudades beneficiadas fueron las que se habían convertido en los principales centros de población económica, como Colima, donde se inició con la construcción de 100 viviendas, Manzanillo con 50 y Tecomán con 25. Las labores de urbanización, sin embargo, siguieron concentrándose en la ciudad capital, a través del agua potable, el drenaje y la ampliación de calles.

En marzo de 1958, el candidato presidencial López Mateos puntualizó las líneas de política pública que la federación seguiría desde 1959 en Colima, como legalizar las concesiones mineras -refiriéndose en concreto a Minatitlán-, el establecimiento de la planta siderúrgica de Manzanillo para explotar los recursos naturales, la rehabilitación del ferrocarril Manzanillo-Guadalajara y el incremento en la construcción y conservación de la obra caminera interna y externa al estado, la ampliación de los beneficios de la política social en los rubros de la construcción de escuelas, construcción de hospitales y centros de salud y la construcción de viviendas.

Para septiembre de 1959, la obsesión por la industrialización era la base de la política pública del gobernador, como declaró en su Cuarto Informe de Gobierno: "La industria sigue recibiendo de mi Gobierno la Protección [sic] necesaria para garantizar, incrementar y atraer las inversiones que se hagan, mediante las facilidades legales."

En materia de salubridad, las campañas sanitarias contra la viruela, la tosferina, la difteria, el tétanos, las enfermedades venéreas, la rabia, el paludismo, la fiebre amarilla, las picaduras de alacrán, la tuberculosis, la poliomelitis y otras enfermedades fueron la tónica cotidiana de las autoridades de los Servicios Coordinados de Salud Pública, desde 1956, en las principales ciudades de la entidad, con un esfuerzo por desarrollar campañas de higiene en la alimentación, el ambiente y la higiene personal.

Sólo en el lapso de 1955 y 1956, el presupuesto ejercido por el sector, incrementado en mucho por las campañas de prevención, vacunación, servicios, etc., generó una erogación de un poco más de un millón doscientos mil pesos, estableciéndose unidades y centros médicos en Manzanillo, Tecomán, Cuauhtémoc, Comala, Coquimatlán, y otros pequeños centros en poblaciones rurales, sin contar la labor del sistema de los hospitales civiles de Manzanillo y Colima, que eran los centros principales del sistema.

Una labor destacada, sin embargo, fue la de las campañas contra las enfermedades, que se mantuvieron hasta finalizar el sexenio, con el apoyo presupuestal del gobierno del estado y la federación. En cuatro años, el sistema de salud cubría en un 80% la demanda de la población en los principales centros urbanos del estado.

En cuanto a la atención a los municipios, en cada uno de los nuevos se crearon Juntas de Mejoramiento Económico y de Obras Públicas, ya que por medio de estas instancias se canalizaban las demandas en infraestructura municipal y, por medio de las mismas, llegaban los recursos para la atención o construcción de diversos trabajos de mejoramiento, irrigación, servicios, agua potable, drenajes, electrificación, red telefónica, caminos, empedrado de calles, etc.

Colima, Manzanillo y Tecomán destacaron en cuanto a las inversiones federales y estatales para obra pública. Las obras en la ciudad de Colima, desde 1952, mantenían endeudado al Ayuntamiento:

 

El Ayuntamiento confronta a la fecha un adeudo toral con el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, S.A. de $ 1. 800, 000.00 [...] en números redondos, por concepto del préstamo concedido por dicho banco para la construcción del Drenaje y Tomas Domiciliarias de la Ciudad [sic]; ya que la condonación de adeudos que el Municipio gestionó y obtuvo del Gobierno Federal, se refiere exclusivamente a un adeudo anterior de $ 356, 176.00 [...], proveniente de la introducción del Agua Potable a Colima.

Por otra parte, se estima que el Presupuesto anual de Ingresos del Municipio ascenderá a la suma de $ 976, 265.00 [...]

Si se comparan los datos anteriores, el comentario salta a la vista y el resultado por sí solo se explica.

Colima era el municipio más atendido por la política pública, pero también el de mayor endeudamiento de los nueve. Los municipios mayormente atendidos en obra pública, en el primer año de gobierno, fueron Colima mismo, Manzanillo, Tecomán, y Coquimatlán, principalmente en materia de drenajes, agua potable, caminos, mejoras a las calles de las cabeceras y electrificación, mientras que los más pobres y desatendidos fueron Minatitlán, Ixtlahuacán, Cuauhtémoc, Villa de Alvarez y Comala, cuyos ayuntamientos se quejaban de la necesidad de inversiones en distintos rubros, sobre todo en el de servicios urbano-rurales, irrigación, agua potable, drenaje y comunicaciones, muy al margen de la obra caminera que los conectaba con los municipios más importantes.

Durante 1957, la situación varió un poco, pues Manzanillo pareció ser prioritario de la obra pública chávezcarrillista, por el incremento de su población y los megaproyectos que se tenían contemplados para su industrialización. Sólo en ese año, Manzanillo igualó a Colima en el presupuesto de egresos por la cantidad de un millón de pesos, lo que muestra la importancia que adquirió en la política estatal de obras públicas y considerando que su influencia alcanzaba a centros importantes de población como Armería, Cuyutlán y los poblados colindantes con Minatitlán y Cihuatlán, de importancia turística e industrial, que el gobierno del estado estimuló con recursos.

Los demás municipios, sin embargo, se vieron estimulados por la red de comunicaciones, acciones en salubridad, construcción de escuelas, obras de drenaje y alcantarillado y realización de trabajos de electrificación. Para 1958 y 1959, Manzanillo siguió manteniendo su primer nivel en la política pública, seguido por el municipio de Colima, el de Tecomán y el de Coquimatlán, mientras que los demás continuaron dependiendo de los beneficios de las obras estatales que incluían sus territorios.

La situación varió, sin embargo, con el ciclón de octubre de 1959, cuando el conjunto de los municipios se vieron afectados por la destrucción y el gobierno estatal tuvo que reorientar su política en aquellos municipios prioritarios para el desarrollo económico basado en la infraestructura que había que reconstruir.

El agua potable, desde 1960, comenzó a ser una prioridad de la política pública, principalmente en poblaciones que habían sido marginadas con la política y las "preferencias municipales" de la gubernatura. Se realizaron inversiones para introducir el agua potable en Armería, Buenavista, Ixtlahuacán, Comala y Tepames, que también quedaron ligados con el sistema carretero construido hasta 1959.

La polarización de la economía colimense se empezó a sentir después del ciclón de 1959, pues se reforzó la política pública concentradora de actividades y recursos, la industria en Manzanillo-Minatitlán, la agroindustria en Tecomán-Armería-Ixtlahuacán y el comercio en Colima-Villa de Alvarez. Para lograr esos tres polos económicos, desde 1960, la gubernatura solicitó financiamiento a la federación, no sólo para las labores de reconstrucción de la infraestructura perdida con el ciclón, sino para reforzar las áreas que condujeran al incremento de las inversiones, como resultó un poco después, la construcción del puerto interior de San Pedrito, la Siderúrgica, la planta de Alzada, la planta de las Encinas, el desarrollo hotelero y aeroportuario en Manzanillo-Cuyutlán -todos en el corredor Manzanillo-Tecomán-, la explotación de los yacimientos ferríferos de Minatitlán -conectado a Manzanillo-, el establecimiento de agroindustrias del limón, el melón, la palma y aceite de coco en Tecomán, y la consolidación como polo comercial y administrativo del municipio de Colima.

Las inversiones públicas se acrecentaron entre 1960 y 1961, no sólo como efecto del ciclón de 1959, sino de la necesidad del fomento industrial que Colima requería para su desarrollo regional integral, cuestión que, por un poco más de diez años, había preocupado a los gobernantes, insertos en la dinámica del desarrollo estabilizador y del desarrollo sostenido; y que mantuvieron como modelo económico los sucesivos gobiernos de Alemán, Ruiz Cortines y López Mateos.

La obsesión oficial por la industrialización se acrecentó al final del gobierno de Chávez Carrillo, pues los esfuerzos y las obras en infraestructura proporcionaron el escenario adecuado para que Colima ingresara, por fin, al tan ansiado desarrollo regional basado en la agroindustria, el turismo y la industria extractiva:

 

La promoción a la industria y al turismo determinó un aumento de nueve unidades más, bajo protección fiscal, puestas al servicio del turismo, con una inversión de $ 3. 156, 670.00. En el ramo Industrial se protegió una inversión de $ 1. 681, 559.00, correspondientes a seis Empresas que solicitaron acogerse y obtuvieron los beneficios de la Ley de Fomento Industrial. El total de las inversiones acogidas a los beneficios del Ordenamiento legal que menciono, ascienden a la cantidad de $ 4. 838, 229.00.

El gobierno de Chávez Carrillo puede caracterizarse como el que realizó la base de la industrialización, desde la perspectiva de la infraestructura construida -no había alcanzado a concluir el anterior gobierno de González Lugo-, poniendo los cimientos para la integración del mercado interno al externo y desarrollando a la economía colimense de acuerdo con sus características agroindustriales y comerciales, más que industriales primarias.

La industrialización, como la entendían los gobernantes de la época, no se pudo realizar en el periodo de Chávez Carrillo, pues en casi todo el sexenio se estableció el cambio y la modificación del escenario económico, creando los puntales desde donde partiría el despegue de la industrialización basada en la agricultura, el comercio, el turismo y la industria extractiva. Un obstáculo natural que ocasionó el derrumbe del modelo de industrialización fue el ciclón de 1959, que destruyó a su paso un 60 u 70% de la infraestructura construida en caminos, irrigación, establecimientos y vías de comunicación que, se supone, servirían como puntal del funcionamiento de nuevas empresas industriales y de los megaproyectos programados a finales de la década de los cincuenta con la ayuda federal.

La industrialización en cuanto tal, pasó a ser un proyecto prioritario, conjuntado en los planteamientos de la política pública, a partir del primer lustro de la década de los sesenta, cuando Colima entró de lleno al desarrollo del capitalismo, basado, otra vez, en la agroindustria, el turismo y la industria extractiva, ejes por los cuales había girado la política económica de los gobiernos de González Lugo y Chávez Carrillo.

 

 

 

Desarrollo integral y obra pública en el gobierno de Velasco Curiel, 1961-1967.

 

 

La gubernatura de Francisco Velasco Curiel, fiel al "desarrollo sostenido" que caracterizó a los gobiernos nacionales de López Mateos y Díaz Ordaz, se preocupó por realizar una industrialización "integrada" al parejo de la obra pública, es decir, no sólo se deseaba insertar en definitiva a Colima en el desarrollo capitalista global, sino que también se buscaba la integración de los factores que conllevaban a ese desarrollo, mediante las obras públicas que verdaderamente condujeran y favorecieran la integración de todos los agentes y elementos en favor de la economía, la sociedad y la cultura.

Como buen economista, el gobernador realizó planes, programas y leyes que condujeran y regularan el crecimiento "integral" de los factores de la producción, la distribución, el consumo, la infraestructura que los favorecía y los primeros megaproyectos que condujeran, en un mediano plazo, a la industrialización plena, pero también aquella que tenía que ver con los rasgos definitorios de la economía colimeña, como la agroindustria, el comercio y el turismo.

El crecimiento desordenado de la obra pública, que había caracterizado a los dos gobiernos anteriores, en mucho se debía a la escasa integración de la obra gubernamental con la industrialización a gran escala, conectada a la agricultura, el mercado interno-externo y el desarrollo turístico. Si Colima quería desarrollarse económicamente tenía que ser bajo la égida de la obra pública integral, que abarcaría lo gubernamental, lo económico, lo social y lo cultural.

En enero de 1962, a escasos dos meses de asumir la gubernatura, Velasco Curiel dictó dos leyes de fundamental importancia para el desarrollo económico de Colima: 1) La Ley de Planificación el 19 de enero; y 2) La Ley de Fomento Industrial el 20 del mismo mes. En cuanto a la primera, sus principales objetivos eran:

 

Art. 1o.- Se declara de interés y de utilidad pública la ejecución de obras de planificación en el Estado de Colima.

Art. 2o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por planificación la organización y coordinación, mediante un Plano Regulador, de las funciones de la vida urbana: población, habitación, medios de comunicacion, fuentes de trabajo, centros culturales, deportivos, recreativos, médicos, asistenciales y de comercio, con el fin de que las Ciudades [sic] y todas las demás poblaciones del Estado, se desarrollen racional, estéticamente y en condiciones salubres, que satisfagan las necesidades de sus habitantes.

Para lograr esa planificación debe considerarse que cada centro urbano, forma parte de una región en que los factores geográficos, sociales, económicos y políticos, determinan el desarrollo integral.

Art.3o.- La planificación a que se refiere el artículo anterior comprenderá:

I.- La formación y aplicación del plano regulador de las poblaciones;

II.- El estudio y coordinación de la red de vías públicas;

III.- La apertura, rectificación, ampliación, prolongación y mejoramiento de las vías públicas;

IV.- Los fraccionamientos de terrenos;

V.- La creación, ampliación o preservación de plazas, jardines, parques, estadios, campos deportivos y espacios para establecimientos de vehículos;

VI.- La ejecución de obras relativas a nuevos servicios municipales y mejoramiento de los servicios existentes, como saneamiento, abastecimiento de aguas, drenaje, alumbrado, etc.

VII.- La creación de centros de población urbanos y rurales, y ampliación de los ya existentes.

VIII.- La lotificación o relotificación en su caso, de los bienes inmuebles ubicados en el Estado.

IX.- La determinación;

a).- Del uso de los bienes inmuebles de propiedad pública o de propiedad privada, cuando dicho uso afecte el interés público;

b).- De las alturas, volúmenes, materiales y estilos de las construcciones;

c).- De las superficies de construcción y espacios libres, tratándose de edificios;

d).- De espacios libres, tratándose de lotificaciones o relotificaciones;

e).- De los perímetros urbanos de las poblaciones del Estado;

f).- De las zonas rústicas del Estado;

g).- De zonas o regiones apropiadas para el establecimiento de servicios públicos;

h).- De zonas o regiones destinadas a la industria, agricultura, ganadería o a reservas forestales;

i).- De edificios públicos destinados a escuelas, mercados, rastros, cementerios, templos, estacionamientos para vehículos, estaciones y terminales de vías de comunicación;

j).- De líneas o estaciones de ferrocarriles, tranvías, autocamiones y otros medios de transporte;

X.- La rectificación de los cauces o lechos de los ríos, canales desecados y zonas forestales localizadas dentro del territorio del Estado y la utilización de los terrenos excedentes.

XI.- La división de la Ciudad [sic], en distritos o zonas especiales para la localización de industrias, residencias, etc.

XII.- Las otras actividades, servicios y reglamentaciones, encaminadas a la integración y mejoramiento de las poblaciones aludidas, como unidades urbanas.

Los Consejos Municipales de Mejoramiento Urbano, los Ayuntamientos y el Ejecutivo estatal se estatuían como órganos transmisores de la política planificadora en la obra pública y el desarrollo integral de la economía, donde el mayor peso regulador se daba al tercer factor de intervención, es decir, al gobernador, para gestionar, autorizar y evaluar las distintas obras propuestas.

La ley fue aprobada por el congreso del estado y signada por los diputados Ismael Aguayo Figueroa, Enrique Cuevas Ruiz y Alfredo Rocha Contreras, siendo la primera de su género en el estado de Colima, y guía del gobierno de Velasco Curiel en materia de política pública.

En cuanto a la Ley de Fomento Industrial, los puntos principales eran:

 

Art. 1o.- El objeto de la presente ley es el fomento de la Industria Estatal [sic] mediante la concesión de franquicias que estimulen el establecimiento de nuevas actividades industriales. Tales franquicias se otorgarán a las industrias que, conforme a esta misma Ley sean clasificadas como nuevas y de importancia.

Art. 2o.- Las exenciones o reducciones de impuestos que se otorguen en cumplimiento de esta Ley, se determinarán respecto de la industria de que se trate, de acuerdo con los factores siguientes:

I.- La cantidad y la calidad de la mano de obra que vaya a ocuparse;

II.- Su grado de eficiencia;

III.- Cantidad y calidad de los equipos y maquinaria que utilicen;

IV.- Orígen y volumen de las materias primas y de artículos terminados o semiterminados que vaya a consumir;

V.- El tanto por ciento del mercado que vaya a abastecer;

VI.- La cuantía de las inversiones;

VII.- Destino y uso de los artículos que vaya a producir;

VIII.- Las prestaciones sociales superiores a las legalmente establecidas, que vaya a conceder a sus trabajadores;

IX.- La importancia de los laboratorios de investigación de su propiedad que vaya a establecer.

Art. 3o.- Para los efectos de esta Ley, se considerarán industrias nuevas las que se dediquen a la manufactura o fabricación de mercancías que no se produzcan en el Estado, siempre que no se trate de meros subtítulos de otras que ya se produzcan y que contribuyan en forma importante a su desarrollo económico.

Art. 4o.- Es facultad de la Dirección General de Economía y Planeación calificar la importancia económica de las industrias nuevas de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2o de esta Ley, y es autoridad competente para conocer de los expedientes de protección fiscal.

Art. 5o.- Gozarán de franquicias fiscales en los términos de la presente Ley, las siguientes industrias nuevas:

I.- Las de Transformación que mediante modificación substancial de las propiedades físicas o químicas de las materias primas o de los artículos semiterminados que utilicen en su producción, les agreguen un valor económico importante;

II.- Las extractivas de minerales no metálicos destinados al uso de la industria nacional o regional que mediante las instalaciones y equipos de su propiedad, los beneficien en forma que puedan ser utilizados como materias primas por dicha industria.

III.- Las de ensamble que armen mercancía con partes que en su totalidad sean fabricadas en el país y las que, con sus equipos, produzcan no menos del 35% del costo directo de la totalidad de las partes con las que ensamblen sus productos, pero que en ningún caso utilicen piezas de origen extranjero que representen más del 40% de dicho costo directo.

IV.- Las de prestación de servicios en actividades económicas importantes, como la industria turística.

V.- Las que produzcan mercancías destinadas a la exportación.

Art. 6o.- No se concederán las franquicias que esta ley otorga a las siguientes industrias:

I.- Las de extracción y beneficio de minerales metálicos;

II.- Las de bebidas alcohólicas y las de tabacos;

III.- Las de producción de artículos que puedan causar efectos antisociales;

IV.- Las que puedan ocasionar perjuicio a la seguridad o a la economía o bien a las industrias y establecimientos en el Estado.

La Dirección General de Economía y la de Planeación fueron designadas como encargadas de la aplicación de ambas leyes, así como también las que regularían los impuestos de las industrias, la constitución de las mismas y la terminación o cambios de las sociedades empresariales o mercantiles. Así, la planificación y la industrialización irían de la mano en la conformación integradora de la política pública, evitando desórdenes en la aplicación de la misma y aprovechando los recursos generados de manera, también, integradora en el territorio de la entidad. El impacto de ambas leyes tuvo continuidad hasta inicios de la década de los setenta, lo que demostró su importancia como órganos y disposiciones orientadoras de la política pública estatal.

La política pública en el ramo de la irrigación fue muy importante para el sexenio de Velasco Curiel, por las posibilidades que ofrecían los recursos hidráulicos para el desarrollo de la agroindustria. La irrigación en pequeña, mediana y grande escala fue una prioridad gubernamental desde 1962. Los sistemas de Coahuayana-Amela, que irrigaron a 2, 979 hectáreas, la reconstrucción de la presa derivadora del sistema Marabasco-Cihuatlán, que irrigó a 1, 850 hectáreas, y la irrigación integral del Valle de Tecomán, fueron las primeras acciones del gobierno en tal materia, requiriendo una inversión que sobrepasó los tres millones de pesos, con la ayuda de la federación y aportaciones del estado. Para 1963, el sistema Cardona, benefició un poco más de 1, 000 hectáreas; constituyendo otro logro en materia de irrigación.

Mediante convenio con la secretaría de Recursos Hidráulicos, que dirigía Alfredo Del Mazo, celebrado en enero de 1963, la irrigación a pequeña y mediana escalas se establecieron con inversiones que sobrepasaron el millón de pesos, en Tecomán, Manzanillo, Colima, Cuauhtémoc, Coquimatlán, Villa de Alvarez y Minatitlán. Junto con las obras a gran escala, sólo entre 1962 y 1963, se realizó una inversión total de $ 22, 601, 633.75.

La irrigación pronto tuvo efectos en la economía agrícola colimense de manera multiplicadora, consolidando la productividad de aquellos municipios agroindustriales, y creando un sistema integral que favoreció grandemente el rendimiento en arroz, caña de azúcar, frutales, cereales y oleaginosas, cuyo comercio al exterior se incrementó considerablemente.

Las comunicaciones, sobre todo las carreteras y caminos, recibieron un fuerte impulso en los primeros tres años de gobierno. En 1961-1962, la terminación de caminos y carreteras, con cooperación estatal y federal, se dio de manera impresionante, en beneficio del mercado interno colimense:

 

El Gobierno del Estado, en cooperación con la secretaría de Obras Públicas, con cargo al Fondo Cooperativo, realizó trabajos de conservación en los caminos: Colima-Comala; Colima-Tepames; Armería-El Paraíso; Colima-Coquimatlán-Río Armería; Primavera-Cerro de Aguilar; Valle Nuevo-Lucita; Colima-La Estancia y Cofradía-Laguna de Alcuzahue, con una longitud total de 50 Km. 400 metros y una inversión de $ 183, 913.65.

En materia de construcción de caminos con cargo al mismo fondo:

I.- Se terminó en terracería el camino Turla-Ixtlahuacán con extensión de 8.2 Kms., erogándose la cantidad de $ 180, 000.00.

II.- Para el camino Colima-Minatitlán se destinó la cantidad de

$ 1, 200, 000.00, de los cuales $ 400, 000.00 son para drenajes y obras de arte y $ 800, 000.00 para cubrir adeudos anteriores.

III.- En el camino Puerta Caleras-Caleras-Madrid se terminaron terracerías y obras de drenaje hasta el Km. 7 y el revestimiento llegó hasta el Km. 4.- La inversión en el período que se informa fué [sic] de $ 250, 000.00.

Con cargo al fondo tripartita, integrado con la cooperación de la Secretaría de Obras Públicas, del Gobierno del Estado y de los Particulares, se ejecutaron los trabajos de construcción de caminos que a continuación se detallan:

I.- El Camino Estación Alzada-El Encino, [...] la erogación [...] fué [sic] de $ 1, 422, 861.45.

II.- En el camino Tecomán-Tecuanillo se terminaron terracerías y obras de drenaje [...] y en revestimiento [...] se erogó la cantidad de

$ 135, 000.00.

III.- Especial importancia reviste para el Estado de Colima, la construcción del camino Tonila-Atenquique, que reducirá considerablemente la distancia a la Ciudad de Guadalajara. Esta obra se inició al día siguiente de haber tomado posesión de mi cargo y tiene una longitud de 30 Kms. [...] la erogación para estos trabajos ha sido de $ 2, 024, 291.31.

Para la realización de esta obra han prestado su valiosa cooperación los Ingenios de Quesería y de San Marcos, así como la Fábrica de Papel de Atenquique.

Para 1964, tanto la conservación como la construcción de caminos siguió siendo una constante. En construcción estuvieron los caminos Tonila-Atenquique, El Trapiche-San Joaquín, Colima-Minatitlán, Comala-Nogueras, Colima-Tepames, Colima-Comala, Trapiche-Chiapa, Quesería-Naranjal, Puente Tepames, Colima-Tonila, Cuyutlán-El Paraíso, ramal Ocotillo, Coquimatlán-Pueblo Juárez, Camichín-Chanchopa, Coquimatlán-Jala, Cofradía-Laguna de Alcuzahue, Chiapa-El Naranjal-Quesería, Entronque Jiquilpan-Manzanillo-San José, Tecomán-La Mascota y Valle Nuevo-El Ahijadero y Las Juntas-Los Crestones-San José, sólo entre los años de 1963 y 1964.

De 1965 a 1967, esos caminos se concluyeron y conservaron los existentes, con una inversión supermillonaria entre la Comisión Nacional de Caminos Vecinales, la secretaría de Obras Públicas y el gobierno del estado, mediante los fondos cooperativo y tripartita. Desde 1962, los ferrocarriles se modernizaron en los distintos ramales de la línea Manzanillo-Colima-Guadalajara, con un enlace que llegaría a Jiquilpan y, en el nivel interno, se construyeron los ramales de Manzanillo-Minatitlán y Colima-Cuauhtémoc, que tuvieron impacto en la transportación de carga hacia Guadalajara y el centro del país. Se realizaron las primeras obras para los aeropuertos de Colima y Manzanillo, sobre todo en el revestimiento de las pistas y mejoras a las terminales.

Para 1965, la electrificación se había extendido en el estado, a través de un sistema de líneas que cubrían zonas urbanas y rurales, bajo la administración de la Junta de Electrificación del Estado de Colima. La red eléctrica cubrió Cuyutlán, Alcaraces, Quesería, Manzanillo (con la terminación de una planta termoeléctrica de 2, 000 kilowatts), Santiago y Miramar en el mismo Manzanillo, El Colomo, la ciudad de Colima (con 1, 000 kilowatts más), Caleras y Madrid en Tecomán, Paso del Río, Cofradía de Juárez, Coquimatlán y Pueblo Juárez, Ocotillo y Chiapa, Salagua, Nogueras, Cerro de Ortega.

Para el gobernador, "[...] la energía eléctrica como servicio público, es uno de los factores de la estructura económica que incorporan con más celeridad a las pequeñas poblaciones al ritmo de desarrollo y progreso de las grandes zonas urbanas; permite una mejor utilización de las horas de la noche en actividades culturales y recreativas y constituye un elemento de seguridad, de confort y de bienestar." La inversión en el rubro de electrificación, entre 1965 y 1966 cuando fue más acelerado, ascendió a la cantidad de $ 3, 420, 100.00, beneficiando a un poco más de nueve mil habitantes.

En cuanto a la política de infraestructura turística se definieron tres regiones de atención, Manzanillo, Colima y Cuyutlán-Boca de Apiza en los que, mediante las comunicaciones, carreteras, electricidad y beneficios a los inversionistas, se buscó incrementar la capacidad instalada y el aumento en el número de visitantes.

El proyecto se esbozó desde mediados de 1962:

 

Convencidos de que el desarrollo turístico debe apoyarse fundamentalmente en las vías de comunicación, estamos construyendo el camino corto a Guadalajara y hemos colaborado y ayudado para que siga prestándose con regularidad el servicio aéreo entre Manzanillo y la ciudad de México.

La inversión en establecimientos, bajo el manto protector de la Ley de Fomento Industrial, fue impresionante en 1964, con cifras como 27, 800, 000 de pesos en la zona de Manzanillo, 13, 150, 000 de pesos en la zona de Colima, y 11, 820, 000 de pesos en la región de Cuyutlán-Boca de Apiza. El puntal del turismo fue el desarrollo de las comunicaciones que vinculaban a Colima con el interior del país, así como las facilidades a los inversionistas y los subsidios en obras de infraestructura como electricidad, agua, drenaje y servicios urbanos.

La gira de trabajo de López Mateos en 1963 evidenció el gran apoyo que recibió la entidad en su política pública, pero también significó la puesta en marcha del ansiado proyecto de instalar de la planta de Peña Colorada, la siderúrgica de Manzanillo, el establecimiento de la planta de las Encinas-Estación de Alzada y la inauguración de las obras del Puerto Interior de San Pedrito, ejes desde los cuales Colima ingresaba en la modernidad de la industrialización en plena década de los sesenta. La visita del candidato presidencial, Gustavo Díaz Ordaz, en 1964, vino a corroborar el apoyo del centro para la industrialización colimense que, en un mediano plazo, fue hecha realidad.

Peña Colorada empezó a ser una realidad económica regional de primera magnitud para la industrialización del estado, ya que desde 1962:

 

Autorizado por la superioridad vengo a reafirmarles la firme resolución, del Primer Magistrado de la Nación para que se promueva a la brevedad posible, la explotación, a gran escala, de los yacimientos ferríferos de Peña Colorada.- Sobre esa resolución expondré los puntos salientes;

Colima atesora una incalculable riqueza de mineral de hierro, si la hemos de estimar solamente por los yacimientos ya conocidos y sin especular sobre los que están por encontrarse con las nuevas exploraciones.- Esa riqueza está apuntando hacia un futuro industrial y económico grandiosos para Colima, cuya primera etapa será la exploración de Peña Colorada, yacimiento ferrífero que, con sus 140 millones de toneladas de mineral conocidos, constituye, hoy por hoy, el más grande de México.

[...]

En consonancia con una de las normas del actual régimen, en el sentido de que el beneficio de los muchos se sobrepone al interés de cualquier particular y de acuerdo con la nueva legislación minera, se decidió, no otorgar o traspasar la concesión de Peña Colorada a ningún particular sino ponerla, como la gran reserva que es, a disposición de todas las empresas siderúrgicas de México actualmente en operación [...]. Con esa finalidad se constituirá un consorcio integrado, por una parte, con las tres grandes siderúrgicas que funden mineral de hierro y una cuarta que está por fundirlo y por otra parte con el Gobierno Federal y el del Estado de Colima.

Dado que, forzosamente, la inversión para poner en marcha Peña Colorada es cuantiosa y que su recuperación y redituabilidad exige una producción a gran escala que las siderúrgicas actuales, abastecidas de otras fuentes de mineral, no estarían en aptitud de absorber íntegramente sino después de muchos años, el Gobierno Federal por su cuenta exportará los excedentes de producción, destinando los aprovechamientos a nuevas e importantes promociones mineras.

La puesta en marcha del proyecto involucraba una serie de obras de infraestructura, como el acceso para el equipo pesado, talleres, oficinas, cargaderos y casas para el personal, la construcción de una planta de concentración, un ramal del ferrocarril que conectara a Minatitlán con Manzanillo y Guadalajara, así como el mejoramiento y construcción de instalaciones portuarias en Manzanillo.

Peña Colorada funcionaría a mediano y largo plazo, pero las acciones de política pública del gobernador Velasco Curiel, por fin, consiguieron la conformación de un plan de industrialización, basado en tres ejes: agroindustria, turismo e industria extractiva y de transformación, por medio de los cuales se realizaría el despegue de Colima al capitalismo, gracias a la venia de la federación y de la intervención económica del gobierno estatal.

El megaproyecto fue seguido por otros adicionales, como:

 

La Compañía Minera Las Encinas construyó, con un costo superior a los 100 millones de pesos, un teleférico con extensión de 22.3 kilómetros, que se inicia en el yacimiento denominado Las Encinas, Jal., y termina en Estación Alzada, Col., y tiene una capacidad para transportar 2, 500 toneladas diarias de mineral de hierro.

Por no disponer de una zona cañera suficiente, el ingenio de San Marcos se trasladará a la Población [sic] de Coquimatlán, habiéndose iniciado la construcción del edificio y programado la modernización y ampliación de su capacidad productiva.- Se estima que la inversión no será menor a los 30 millones de pesos.

Para 1966 se había avanzado en la construcción del Puerto Interior de San Pedrito en Manzanillo, mejorado las instalaciones portuarias y aeroportuarias, desarrollado la infraestructura turística y conectado a Minatitlán con Manzanillo por ferrocarril y por carretera. El desarrollo económico del llamado proyecto Triple T (minero, turístico y portuario) estaba dando sus primeros frutos para la industrialización, comercialización y agroindustrialización del pequeño estado de Colima. El Consorcio Minero Peña Colorada quedó constituido a principios de 1966, bajo la premisa de las obras emprendidas que facilitarían su operación, aunque tardó algunos años todavía para entrar en pleno funcionamiento.

El último año del gobierno velascocurielista fue muy productivo en obras públicas que tenían que ver con los municipios, sobre todo en lo que se refirió a la introducción de agua potable, construcción de drenajes, construcción de escuelas y centros de salud, electrificación, irrigación y mejoramiento urbano. Sólo en ese año, en los rubros indicados, el gasto fue el siguiente:

 

 

CUADRO II

Obras públicas por municipios y montos de inversión, 1966-1967

Agua potable, Drenajes, Escuelas, Centros de Salud,

Electricidad, Irrigación y Servicios Urbanos.

Millones de Pesos

 

Municipio Monto de inversión Porcentajes

 

Colima 3, 380, 411. 1 8.59

Comala 1, 303, 833. 0 3.31

Coquimatlán 2, 013, 607. 0 5.13

Cuauhtémoc 4, 292, 947. 2 10.91

Ixtlahuacán 741, 809. 0 1.90

Manzanillo 9, 773, 376. 4 24.85

Minatitlán 203, 984. 0 0.51

Tecomán 16, 970, 107. 0 43.15

Villa de Alvarez 647, 566. 0 1.65

TOTALES: 39, 327, 641. 0 100.00.

 

Los cuatro municipios mayormente beneficiados por la cantidad de población y por los megaproyectos establecidos fueron, entonces, Tecomán, Manzanillo, Cuauhtémoc y Colima, cuya constante o porcentaje de beneficio permaneció de manera parecida desde 1962. A mediados de 1967 se creó el municipio de Armería, disminuyendo el beneficio que tenía Manzanillo, parte de Tecomán y Coquimatlán, en los rubros indicados, pues pasó a ser un territorio intermedio entre el proyecto triple T de agroindustria, turismo e industria.

La política pública del velascocurielismo se caracterizó, indudablemente, por la creación de los cimientos desde donde actuaría el proceso de industrialización, basada en la industria extractiva, de transformación y turística, teniendo como principio de reproducción la agroindustria y el comercio. Estos puntales de la economía colimense, y su desarrollo, fueron parte del proceso iniciado al principio de la década de los cincuenta y deben ser enmarcados, históricamente, en las condiciones nacionales del así llamado "desarrollo estabilizador", "desarrollo sostenido" o "milagro mexicano", cuyas bases de reproducción en las regiones, como la de Colima, se basaron en una constante intervención del gobierno en la inversión y reinversión económica, fundamentalmente, mediante la obra pública que tendió a fortalecer los mercados internos regionales e insertarlos en el comportamiento de la industrialización, comercialización y agroindustrialización de la nación.

Colima había llegado tarde a esa inserción, básicamente durante el gobierno de Velasco Curiel, donde se descuidó un tanto cuanto la política publica de carácter social, excepto por la construcción de escuelas y servicios urbanos, para asignar recursos a la infraestructura económica indispensable para la diversificación productiva. La acción gubernamental se reprodujo, después y en un contexto de crisis, durante los sucesivos gobiernos, sin que Colima pudiera lograr el cambio de la agroindustria a la industrialización plena, quizás por las características de la economía colimense a lo largo de la historia.

Los tres gobiernos colimenses de 1949 a 1967 llevaron a cabo una política pública que tendió a la polarización de la economía, de la sociedad y el territorio de la entidad, pues el intervencionismo estatal dio atención a aquellos polos que conformaron el desarrollo regional, como el agroindustrial, el comercial, el turístico y el industrial de transformación y extracción.

El escenario colimeño fue transformado mediante las obras en comunicaciones, caminos y carreteras, recursos hidráulicos, expansión y concentración urbanas, servicios de electricidad, agua y drenajes en las poblaciones y ciudades, viviendas y establecimientos industriales, desarrollo aeroportuario y portuario, sistema de salud y educación, como expresión de las necesidades de fortalecimiento de la economía estatal y regional, pero también como una forma de cumplir con las demandas y necesidades de una población en expansión y crecimiento.

El pequeño territorio del estado pronto fue modificado en su aspecto, integración y diversificación, incidiendo en su economía, sociedad y cultura, con los rasgos definitorios de una modernidad opuesta al histórico provincianismo o regionalismo, que lo habían caracterizado en las décadas anteriores. Podríamos definir a este periodo como el ascenso del "milagro colimense", gracias a la intervención de la política pública que los gobiernos desarrollaron, enmarcados en el contexto nacional que permeó al país por casi dos décadas.

 

   

 

    

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Página actualizada al 2 de septiembre de 1999. Coordinadores: Guido P. Galafassi - Adrián G. Zarrilli.
Sede: Universidad Nacional de Quilmes, Centro de Estudios e Investigaciones
Programa de Historia de las Relaciones entre Estado, Economía y Sociedad.